25 de July de 2012 00:01

UN ESTADO PUNITIVO

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La implantación de un Estado sancionador, controlador de todos los espacios de la vida privada y colectiva contrasta con las proclamas garantistas que la Constitución de Montecristi instauró.

Es el propio artículo 1 de la Carta Magna el que anuncia la vigencia de ese Estado garantista cuando dice: ‘El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…’.

El artículo 3 describe algunas de esas garantías, que se desarrollan ampliamente en los primeros 100 artículos de la extensa Constitución.

Pero ocurre que la Asamblea ahora mismo estudia un vasto proyecto de Código Penal Integral que detalla más de 100 delitos, aumenta penas y siembra la filosofía de lo punitivo como política de Estado. Ese cortocircuito entre la letra de la Constitución y el pragmatismo de luchar con mayores castigos ante un problema que se les escapa a las autoridades de las manos, es difícil de asimilar. En el país se ha llegado a polemizar en el pasado sobre aspectos tan complejos como la pena de muerte, por ejemplo. Hoy se busca endurecer las penas para los delitos atroces, el crimen organizado y el narcotráfico, que agobian a una sociedad que es perpleja testigo de acciones cada vez más violentas, incluso en el cometimiento del delito común. Pero se debe distinguir con claridad este último escenario del otro, que se evidencia con el desmantelamiento de bandas armadas y tiene una indudable incidencia.

El afán punitivo atraviesa otros temas como el proyecto de control y sanción en la Ley de Comunicación, la omisión severa del compromiso internacional del Gobierno de despenalizar los delitos de opinión y, ahora, hasta la cárcel para los infractores que excedan la velocidad. Debates de una sociedad que no termina de entenderse.

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