La polémica rodea al proceso de cambios en la Justicia, donde es imperativo que la independencia de poderes sea la norma para garantizar la pervivencia del sistema democrático. Mientas el Consejo de la Judicatura de Transición conduce las pruebas de los 800 aspirantes a jueces, los 6 000 trabajadores judiciales se han sometido a un curioso cuestionario de 242 preguntas que incluyen 13 interrogantes sobre temas relativos a la sexualidad.
Los expertos dicen que estas respuestas pueden arrojar indicadores sobre la madurez, pero dejan dudas. Las respuestas y su evaluación caen en el plano subjetivo y aún se teme por la invasión a la privacidad.
Quienes tengan menos de 70 puntos deberán dejar la Función Judicial. Antes de someterse al proceso, varios funcionarios vendieron sus renuncias.
Es inadmisible que se consulte si los funcionarios de la justicia leen o no editoriales de los diarios. Ese es un ejercicio de la libertad, garantizado plenamente en los países donde la norma es respetar los derechos humanos. Es peligrosa esta interferencia en la condición libérrima de los ciudadanos de escoger sus preferencias y lecturas sin presiones ni intromisiones.
La veeduría internacional, cuya comisión preside el juez Baltasar Garzón, muy preocupado en materia de derechos humanos, podría observar y comentar estos contenidos, sin que su opinión sea vinculante. Ya se sabe que la comisión opera con fondos entregados por el Gobierno, pero se espera su plena independencia para opinar y hasta cuestionar. Lo contrario es otra confirmación de que la reestructuración de este Poder del Estado nació viciada con el discurso presidencial de “meter las manos a la justicia”, según sus propias palabras.