Ayer sucedió algo insólito: varios taxistas que buscan permisos de operación decidieron ir hasta la casa del Alcalde.
El modo elegido para canalizar la protesta es inaceptable y se podría considerar como un acto intimidatorio. La libre circulación y el derecho a la intimidad y tranquilidad familiar pertenecen a todos los habitantes del país y a todos los vecinos de Quito.
Cabe señalar también que la dilatoria por parte del Cabildo y su cuerpo edilicio para dar solución a este problema tampoco es saludable para la ciudad.
Se trata de más de 10 000 conductores y sus respectivas familias que buscan operar de modo legal una vez que, señalan, han cumplido los requisitos.
La otra cara del problema son los taxistas que ya cuentan con permiso de operación y que sienten que el nuevo ingreso de vehículos afectaría sus carreras. Es un tema de mercado. Hay mucha oferta, más aún si se suman los sistemas que operan con aplicaciones móviles, que tampoco aceptan los profesionales y taxistas regulares.
Junto con la voz de rechazo a la forma de protesta adoptada y reivindicando el derecho a una solución pronta, no cabe volver a episodios enojosos del pasado, como aquella de la mancha amarilla que paralizó a Quito hace años.
Los concejales deben apurar una solución justa y equilibrada en pro de la capital, cuando estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral y las voces de los candidatos pueden ya interferir en una solución adecuada.