El poder político y las instituciones nacionales son dos vertientes de un todo que deben trabajar con armonía y claridad.
En los últimos tiempos el país ha asistido perplejo a tensiones y discursos que nada bueno aportan a la tranquilidad, peor aún en un escenario de problemas económicos y una atmósfera cargada por la pre-campaña electoral.
A fines del año pasado, la cuerda se tensó por la asistencia inesperada, y desconocida para el Ejecutivo, de la cúpula militar a un juicio instaurado contra algunos oficiales por presuntos delitos de lesa humanidad.
Luego, el episodio más polémico giró en torno al contrato de Los Samanes, suscrito por las autoridades de dos ministerios en ejercicio de sus facultades, y la reacción posterior del Presidente por el dinero que se ordenó devolver sin que se sustanciara el juicio.
La remoción de la cúpula, la crítica a los privilegios de los oficiales en la alimentación y el uso de las instalaciones, así como los cambios que el Ejecutivo busca imponer a las FF.AA.
respecto de su jubilación, instalaron un debate en los cuarteles y mostraron las debilidades de la relación. Los militares tienen un retiro con mejores condiciones que los civiles y esa realidad abre grietas, aunque es cierto que han aportado más.
Las cartas del Presidente y la molestia por las respuestas de algunos uniformados, el pedido del comandante del Ejército de archivar el proyecto del Ejecutivo y un proceso judicial en ciernes no son buena señal.