El giro que está tomando el discurso oficial invade cada vez más esferas de la relación del sector público y de representación política frente a la prensa independiente. El tono altisonante, agresivo, descalificador al que el Régimen ha sometido al país durante más de cinco años de ejercicio del poder, desde una concepción autoritaria y una visión parcial de las cosas, se extiende a una sistemática insistencia en el uso del derecho a la rectificación.
Sin duda, equivocarse es humano y solicitar, en la dimensión que merecen, rectificaciones, es un derecho inocultable que habla de la transparencia y las buenas prácticas del ejercicio periodístico. La semana pasada, una noticia referente a la investigación de la fatal muerte de Juan Serrano trajo el pedido de rectificación por parte del Gobernador de Azuay al que esta casa editorial accedió de inmediato, ofreciendo disculpas por el error.
Como consecuencia de la publicación de la noticia en mención recibimos una carta de términos inaceptables suscrita por el ministro de Interior, José Serrano, hermano de la víctima. El Secretario de Estado dice que se falta a la verdad mintiendo carroñeramente (sic) y acusa al Diario de actuar sin ética en función de un interés mezquino.
Desconoce deliberadamente Serrano la postura firme y ponderada de EL COMERCIO expuesta en el editorial del 5 de septiembre titulado ‘El dolor de la tragedia’ en el que lamentamos el hecho y expresamos la solidaridad a su familia. Esa es nuestra posición.
Rechazamos los epítetos, las sucesivas posturas oficiales contra el ejercicio del periodismo libre, la deriva de amenazas a la labor de los medios y a las opiniones de los ciudadanos, lo que nubla la atmósfera democrática y atenta contra la libertad.