Era la última semana de octubre. Las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos abrían una audiencia para tratar los delicados temas de Ecuador en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
La delegación oficial fue nutrida. Estuvieron desde el Canciller hasta el Procurador. Los ataques a los medios y la hostilidad oficial fueron puestos de manifiesto una vez más en aquel escenario.
Por la prensa privada acudieron Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y varios periodistas. La audiencia está en la página de internet de la CIDH y puede ser escuchada por quien quiera sacar las propias conclusiones.
Uno de los ecuatorianos acreditados para exponer su caso, Wilson Cabrera, a quien se le cerró su emisora de radio en Macas y es corresponsal de una estación de televisión de alcance nacional, no pudo salir del país. Le exhibieron una orden de arraigo del 2007. Ante el pedido de explicaciones las autoridades de migración se limitaron a decir que las causas del impedimento del viaje eran confidenciales. Si bien altas autoridades han reconocido lo injusto de la medida, la propaganda oficial enfila sus ataques contra Cabrera. Él es otra víctima de la intolerancia y la libertad de expresión y las autoridades nacionales le deben al país una explicación razonable ante este atropello.
Por lo demás, con todo el aparataje de la propaganda oficial, con el lenguaje agresivo de las cadenas que deberían ser empleadas en temas de servicio público, los agentes de propaganda del régimen volvieron a la carga contra los medios y los periodistas en una nueva cadena.
Todos deben entender que la libertad de expresión no es privilegio del Gobierno de turno, ni de los periodistas, ni de los medios, sino de toda la ciudadanía.