El continente -y el Ecuador en particular- atraviesa un momento difícil para el acceso de la gente a una información libre y, sobre todo, a la circulación de opiniones y críticas al poder político.
La relación del poder con el periodismo siempre ha estado atravesada por el contraste que existe entre la urgencia de revelar aquello que el poder quiere ocultar y el ejercicio de ese poder que ve en los medios solamente un instrumento de la oposición o un factor de crítica incómoda.
Los medios de comunicación son más que eso. Son no solamente el espacio de los que ejercen el derecho humano garantizado en todas las normas superiores de convivencia aprobadas por los más altos foros que tiene la humanidad (Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, por ejemplo), sino y especialmente el canal de los ciudadanos comunes. Es decir, de aquellos que no se sienten representados ni en las corporaciones ni en los gremios, ni en los partidos ni en los poderes políticos y económicos para expresar sus puntos de vista y, especialmente, para conocer abiertamente las distintas tesis que se debaten a fin de tomar decisiones libres políticamente responsables y posturas sociales maduras y democráticas.
Por eso, que una voz del periodismo crítico, por dura que fuere, se silencie hoy como ocurre con Jorge Ortiz es motivo de preocupación, como lo fue ayer en el caso de otros periodistas que en estos años de tensiones entre el Gobierno y los medios han callado su voz.
Mientras se debate una Ley de Comunicación que busca control y sanción para los medios, el paulatino silencio de voces críticas y el entorno agresivo que se vive en otros países es mal signo para la supervivencia de la libertad de expresión, huella inequívoca de la libertad del ser humano.