LA PARTICIPACIÓN DEPENDIENTE
La Constitución de Montecristi, llena de proclamas garantistas, rompía el viejo equilibrio de los tres poderes del Estado clásicos. La propaganda oficialista reivindicaba la Participación Ciudadana.
Pero en dos años de vigencia los ejes teóricos que sustentaban su razón de ser parecen haberse desmoronado y su independencia para muchos sectores ha quedado en entredicho.
La idea era que se conformara un grupo ciudadano representativo, competente y lo suficientemente independiente de las influencias políticas y de los demás órganos del Estado para que pueda actuar con libertad y pulcritud.
Los procedimientos acordados para el largo y farragoso proceso de transición que ordenaba el mandato constituyente mostraron en la práctica una poco operativa telaraña y la falta de experiencia dilató los procedimientos. Los concursos de veedores y las nominaciones de altas autoridades hasta ahora no se completan.
Inexplicablemente el “Poder Ciudadano” mostró inconsistencias cuando el Presidente presentó las preguntas de la consulta y referendo y declinó el mandato constitucional de la nominación del Consejo Nacional de la Judicatura.
Ahora tiene en sus manos la calificación y selección de los aspirantes nada más y nada menos que de Fiscal General de la Nación, cargo cuya importancia requiere de ciudadanos con altas cualidades profesionales y éticas y, por supuesto, independencia.
El Consejo de Participación Ciudadana tiene otras debilidades: contrató a los funcionarios que lo seleccionó en el Consejo Electoral. El Ministerio de Relaciones Laborales observó sus escalas remunerativas. Para colmo, cerró las puertas a la veeduría que presentó documentos para que la Contraloría investigue el caso de Fabricio Correa.
