El ente legislativo es pilar del sistema democrático y su representación más diversa. El espectro amplio de expresión política simboliza las corrientes de pensamiento, las grandes tendencias ideológicas, como señal del pluralismo de una sociedad.
La Asamblea Nacional, como se ha denominado al Congreso desde la vigencia de la Constitución de Montecristi, tiene ante todo la misión fundamental de fiscalizar a los demás poderes. El enredado proceso y la alineación política han impedido una tarea fiscalizadora abundante y diáfana.
Solo dos juicios políticos han prosperado desde que existen las nuevas normas y, más allá de las sesiones del cenáculo cerrado de la Comisión de Fiscalización, pocos procesos se han filtrado al Pleno, expresión legislativa por excelencia. Antes, la interpelación fue signo invariable de transparencia pública del parlamentarismo.
La Asamblea además tiene importantes tareas. Todavía le queda una serie de leyes que se comprometió a armonizar con la letra constitucional y que no han hallado consensos ni se han concretado políticamente después de dos años de vigencia de la Constitución. La incapacidad o falta de generosidad para procesos abiertos que contemplen la opinión de amplios sectores muestra un ente legislativo que se percibe dependiente del Ejecutivo. Ahora se abre un espacio para incluir temas importantes en la Ley de Comunicación que garanticen las normas internacionales y la libertad de expresión.
La Asamblea se desentiende de debatir un tema de gran importancia y que le llegará irremediablemente para su tratamiento: los nuevos impuestos que busca el Presidente y sus innegables impactos sociales y económicos, que merecen una discusión seria y profunda.