El examen especial que la Contraloría empezó el año pasado sobre el manejo de la deuda pública está tomando forma y los resultados apuntan hasta ahora a las exautoridades económicas, lideradas por el expresidente Rafael Correa.
El ente de control se demoró nueve meses en analizar el manejo de la deuda entre enero del 2012 y mayo del 2017. El informe final se presentó en abril pasado, cuando se determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa en contra de Correa y de funcionarios de Finanzas, Hidrocarburos, Petroecuador y Senplades.
La Contraloría observó el manejo de las preventas petroleras, la contratación de deuda por encima del límite legal, la utilización de Petroecuador para financiar al Fisco, entre otros. Sin embargo, el informe de abril dejó temas pendientes por falta de información.
Uno de ellos tiene que ver con el proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (Cetes). El informe se presentó el lunes pasado y derivó en nuevos indicios de responsabilidad penal en contra de Correa y otros exfuncionarios.
Contraloría analiza ahora las operaciones con Goldman Sachs y la contratación de abogados en el proceso de endeudamiento, y hay tres más en agenda.
Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que durante el Gobierno anterior las autoridades económicas cruzaron los límites legales para obtener recursos y financiar un modelo basado en el gasto público.