Que expresidentes del llamado Socialismo del Siglo XXI que enfrentan procesos judiciales en sus países critiquen a la justicia, se entiende. En cambio, es difícil entender que lo hagan presidentes en funciones que, además, ante cada observación internacional a sus países ponen por delante su soberanía.
Ayer, el Gobierno decidió enviar una nota de protesta a los presidentes de Venezuela y Bolivia, quienes con el propósito de apoyar al expresidente Rafael Correa, investigado en el país por el secuestro de un asambleísta, denostaron de la justicia nacional.
El exmandatario debía presentarse en la Corte cada 15 días; tras su negativa a hacerlo, la jueza endureció las medidas cautelares y ordenó prisión preventiva. De acuerdo con el pedido de la magistrada, la Interpol deberá encargarse de localizarlo, capturarlo y traerlo ante la justicia ecuatoriana.
Se trata de un proceso largo que pasa por la no siempre fácil extradición. De su lado, la defensa baraja entre las posibilidades el pedido de asilo, que también demanda una serie de requisitos.
Como fuera, el presidente Lenín Moreno ha aprovechado la ocasión para marcar distancia con gobiernos como el de Nicolás Maduro, que es objeto de observaciones internacionales sobre derechos humanos y democracia.
Si Moreno venía pidiendo que se respetara la soberanía venezolana, hoy no es extraño que demande reciprocidad. Y de ese modo blinde el trabajo que viene realizando el sistema judicial.