La noticia es dura. Tres países tienen en sus cárceles a 300 pescadores ecuatorianos involucrados en tráfico de drogas.
Lo primero que llama la atención es el alcance de la noticia porque se trata de un grupo numeroso. Pero el avance de la investigación periodística da a conocer que el tema se sabía antes. Según el Defensor Público explica, el Poder Judicial no ha tenido la celeridad debida para ocuparse de los casos de estas personas y llevar adelante procesos de extradición. Las familias llegan ahora con la novedad hasta el ente legislativo y tratan de mover la conciencia del poder en este drama humanitario.
Una acción de esta naturaleza supone un esfuerzo común y sostenido del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Función Judicial ante las autoridades de los países donde los ecuatorianos se hallan detenidos.
Los pescadores, oriundos de cinco provincias, provienen principalmente de Esmeraldas y Manabí. Atrás de cada pescador detenido debe existir una historia familiar de drama y abandono.
La salida del narcotráfico, un negocio que mueve miles de millones en todo el planeta, suele ser una puerta de una sola vía para miles de personas desesperadas por las dificultades económicas.
Es por estas razones un tema que merece preocupación del Estado. No solo para velar por sus actuales condiciones sino para brindar posibilidades de vida digna e ingresos suficientes. La pesca artesanal de suyo entraña sacrificios y peligros al que se añade esta realidad.