Los grandes perjuicios de la minería ilegal

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Miércoles 10 de abril 2019

Está claro que la gran minería se enfrenta a un nuevo escenario, tras los resultados de la consulta en Quimsacocha. Tanto el Estado como el sector minero revisan alternativas para evitar un precedente que pudiera perjudicar a proyectos bien planteados desde todos los aspectos, incluidos, por supuesto, el humano y el ambiental.

Es un tema de debate presente en todo el mundo y más todavía en países que, como el Ecuador, se abren a la minería a gran escala y deben ir afinando los parámetros de una explotación que genere de modo responsable los tan necesarios recursos.

Pero poco se discute en el Ecuador sobre los graves efectos de la minería ilegal. El ciudadano común se mantiene casi ajeno a las vicisitudes alrededor de la explotación minera como la que se detectó y se combatió hace algunos años en Esmeraldas.

Ahora la atención se centra en lo que sucede en Buenos Aires (Imbabura) y Mi Cielito y Monte Olivo (Carchi). Si bien los problemas alrededor de la minería ilegal en esa zona empezaron en diciembre de 2017, la acción del Estado se había limitado en meses pasados a la incautación de las rocas auríferas y a intentar el corte de suministros y precursores.

Sin embargo, la semana pasada se produjo una incursión masiva de la fuerza pública ecuatoriana para impedir la acción de un nuevo grupo armado que controla toda la cadena. No solo es un acto de defensa de la soberanía ante el crimen organizado sino un intento para empezar el desmontaje de un esquema perverso.

Nadie ignora que la actividad extractiva en esas condiciones es altamente contaminante; que el Estado no recibe ningún beneficio del metal extraído; que las condiciones de trabajo son inhumanas en muchos casos. Incluso si éste es bien remunerado, el costo de vida ahí es elevado.

Pero, sobre todo, este delito suele asociarse a otros como el narcotráfico, el lavado y la trata de personas. La violencia para conseguir los objetivos del negocio es moneda corriente.

Mientras se exige, y con razón, que la minería legal cumpla los parámetros, suele pasarse por alto el grave costo de la explotación ilegal.