Tras la jornada del lunes -con un prólogo agitado por el discurso agresivo matutino y uno de tono algo más conciliador en la noche-, el anuncio oficial de un debate nacional no se concretó sino hasta ayer.
La primera reacción de los sectores opuestos a las leyes a la herencia y a la plusvalía fue de incredulidad, tanto por la insistencia oficial en la teoría de la confrontación que anunció el propio Presidente el 24 de mayo, como por la poca claridad sobre los detalles del diálogo.
Luego vinieron los matices. Confrontación de ideas, dijeron algunos miembros del movimiento oficial; diálogo y apertura, dijeron otros. Diálogo restringido a dos temas -equidad y justicia social- y sin los sectores ‘violentos’, es la propuesta que anunció ayer el Secretario de Planificación, además con calendario: tres meses sujetos a evaluación.
La idea de apuntalar el diálogo se fundamentó, en principio, en el retiro temporal de los proyectos de ley que desataron la polémica: herencias y plusvalía.
No hubo una concreción jurídica del retiro sino una salida intermedia: la Asamblea se inhibió de conocer los textos. Los empresarios insistieron ayer en el archivo definitivo de los proyectos.
El problema de fondo es que la palabra presidencial luce desgastada tras ocho años de confrontación y descalificaciones. Crear una atmósfera adecuada para dialogar supone no solo sonrisas y apariencia, sino voluntad de cambio de actitud y espíritu democrático.
Un diálogo con agenda común y sin condiciones luce como la vía correcta.