El Ecuador, en medio de los ciberataques

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Martes 16 de abril 2019

Conforme avanzan los días, el panorama sobre las causas y las consecuencias del retiro del asilo al ‘hacker’ Julián Assange se va decantando.

Queda claro, por ejemplo, que hubo incumplimiento reiterado de las normas del asilo, pese a la aceptación de un protocolo. Asimismo, que quienes reclaman por su libertad de expresión omiten el irrespeto a un país y, sobre todo, el camino recorrido por Assange desde las filtraciones de 2010 hasta sus actuaciones personales y políticas posteriores.

También queda claro que el Gobierno hizo una consulta y que las autoridades respondieron que la extradición de una persona desde el Reino Unido no puede ser ordenada a un lugar en el que haya pena de muerte o castigo inhumano o degradante. Habrá que esperar hasta el próximo mes para ver los primeros pasos de la justicia británica.

Internamente, una deriva del caso sigue siendo el riesgo en seguridad informática a la que está expuesto el país luego de la decisión de quitar el asilo a Assange. Ayer, tanto el Ministerio de Telecomunicaciones como otras fuentes señalaron que el país sufrió 40 millones de ciberataques, desde el jueves último.

Según las autoridades, los ciberataques se dirigieron a sitios web de entidades como Banco Central, Presidencia, Cancillería, Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, SRI, CNT, gobiernos autónomos, entre otras. El objetivo no era robar información sino colapsar las páginas.
Otra deriva, con implicaciones más hondas, se refiere a la investigación de las actividades del ciudadano sueco Ola Bini en el país. Él ha declarado ser amigo personal de Assange pero ha negado cualquier vínculo con WikiLeaks. En este momento es investigado por el supuesto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Un equipo multidisciplinario de ocho abogados trabaja en la apelación de su prisión preventiva.

Los encargados del manejo político, como es obvio, están interesados en que se indaguen hechos que señalarían vínculos comprometedores. La justicia deberá respetar el debido proceso para dar con la verdad.