Un nuevo episodio complejo se ventiló en días pasados cuando se reveló que el poder y la administración de justicia intercambiaron correos electrónicos respecto de casos en trámite.
El Presidente del Consejo de la Judicatura criticó la divulgación de la correspondencia, y calificó a este hecho de ‘delincuencial y perverso’.
Alguna de las autoridades mencionadas puso en duda su veracidad. Mientras, en la Asamblea Nacional ya se arma un juicio político a Gustavo Jalkh.
Un grupo de ex jueces denunció presiones sobre fallos. Ellos llegaron ante los legisladores con documentos que supuestamente prueban la injerencia.
El debate es de fondo. Todo esto ha ocurrido en un país donde uno de los argumentos que se empleó para llamar a una consulta popular fue impedir la influencia política en la justicia que -se dijo- existía en el pasado. Así, la frase de ‘vamos a meter las manos en la justicia’ se empleó como sinónimo de cambio.
Pero podría leerse como una imposición política para influir, sacrificando la independencia de poderes, según quienes critican el operativo de entonces y lo que revelan las filtraciones.
Sobre los correos electrónicos y su divulgación no hay que olvidar los hechos. Cuando Julian Assange hizo públicos correos con contenidos comprometedores, el poder de entonces calificó su uso público. Ahora desde Bélgica se muestran filtraciones desde el Palacio de Carondelet. Los correos siembran dudas en torno a la justicia.