En el contexto de las recientes movilizaciones de las organizaciones sindicales, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el Código del Trabajo.
Desde una perspectiva conceptual, esta propuesta busca afianzar los derechos de los trabajadores, con base en la construcción de políticas públicas que generen fuentes de empleo, se promueva la sostenibilidad de los ingresos y se garantice el acceso a la seguridad social universal.
La iniciativa será analizada en el Legislativo y a la espera del proyecto de ley de reforma laboral que se prevé enviará el Ejecutivo, una vez que haya remitido la iniciativa tributaria.
El Código del Trabajo vigente en Ecuador data de hace algunas décadas y desde antes de la crisis sanitaria provocada por la pandemia se habló de la necesidad de su actualización.
La dinámica laboral ha cambiado en el mundo, más aún con los efectos del covid-19 y el obligado confinamiento. De allí la necesidad de actualizar la normativa laboral, para que se adapte en mejores condiciones a las realidades actuales del mercado.
Pero la experiencia y la realidad reflejan que la generación de nuevas fuentes de trabajo no se produce solo con la emisión de más leyes y/o decretos. Este Diario publicó un amplio reportaje sobre la cantidad de modalidades de contratación vigentes (42 en total); y esto no ha significado una masiva creación de empleos. Solo en los dos últimos años se han creado más de 10 modalidades: para sectores como el floricultor, la ganadería, construcción, emprendedores.
Si bien es necesaria una mayor difusión de esas modalidades, que pueden ser una salida para la creación de empleo formal, es indispensable mirar todo el contexto económico del país. La apertura a las inversiones, la reactivación económica, la estabilización de las cuentas públicas, la gobernabilidad, la seguridad jurídica… son aspectos que inciden en el objetivo de crear nuevas plazas.
Los cambios estructurales en materia laboral son fundamentales. Eso permitirá incluso dar sostenibilidad a la prestación de la seguridad social.