Un nuevo caso de sobornos a gran escala

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Viernes 11 de diciembre 2020

Los negocios en el sector petrolero, específicamente aquellos que se realizaron sin ningún concurso, dejan ver el alto costo que tiene la falta de transparencia en las finanzas públicas.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre los sobornos que ha pagado la petrolera Vitol a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.

Se trata de una empresa de gran tamaño, que antes de la pandemia manejaba unos 8 millones de barriles de crudo y productos petroleros al día, 8% de la demanda mundial. La empresa, fundada en 1966 en Holanda, tiene 40 oficinas alrededor del mundo y se dedica a extraer, comprar, almacenar, vender y transportar por todo el mundo gasolina, diésel, queroseno, combustible para aviones, así como etanol, gas natural, carbón, biocombustibles, entre otros.

Producto de las investigaciones en Estados Unidos y Brasil, Vitol acordó pagar USD 163,8 millones a las autoridades de ambos países, además de cooperar en las investigaciones.

En Ecuador, la única información disponible es la que proviene desde Estados Unidos o Brasil, como ha ocurrido en otros casos de gran envergadura como Odebrecht.

De las investigaciones en Estados Unidos se conoce que el esquema de corrupción en Ecuador comenzó en el 2015, cuando desde la oficina de Vitol en Houston se habrían pagado USD 870 000 a dos altos funcionarios del país, uno de Petroecuador y otro del Ministerio de Energía.

El objetivo era ganar contratos millonarios. Y uno de ellos fue una operación de preventa de 17,1 millones de barriles de fuel oil, que incluía un anticipo de financiamiento público a favor del Ministerio de Finanzas, por USD 300 millones.

Esta operación no fue producto de un proceso público y Vitol participó a través de una empresa estatal de Medio Oriente, OTI, porque así se podía evitar un proceso licitatorio.

Si bien las autoridades locales han sacado a Vitol del registro de proveedores, queda mucho por indagar y enmendar, pues se trata del esquema recurrente de evitar licitaciones con la contratación entre estatales.