En Quito, la creciente sensación de inseguridad ha llevado a un debate recurrente sobre la conveniencia de “amurallarse” como medida de protección. La reciente construcción de un muro alrededor de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, con un costo superior a los 280 000 dólares, como lo reportó EL COMERCIO, ha intensificado esta discusión y generó polémica entre la comunidad educativa y los ciudadanos.
Mientras algunos defienden la medida como una forma de proteger a los estudiantes, otros argumentan que no es una solución real al problema de la inseguridad. Por el contrario, puede tener efectos negativos en el espacio público.
La decisión de construir un muro alrededor del Colegio Benalcázar se tomó tras denuncias de inseguridad, venta de drogas y acoso contra estudiantes. Padres de familia manifestaron su preocupación por la presencia de personas ajenas a la institución que ofrecían sustancias ilícitas a los jóvenes. Ante esta situación, las autoridades municipales optaron por “cerrar por completo la institución”, invirtiendo una suma considerable en la construcción de un cerramiento que aísla al colegio del entorno urbano.
Sin embargo, esta medida ha generado críticas desde diversos sectores. Arquitectos y urbanistas señalan que el muro crea una “absurda desconexión entre la dinámica barrial y las instalaciones de la Unidad Educativa”, que antes era “un referente importante en la estructura urbana del sector”. Además, cuestionan si esta obra no esconde la intención de un cambio en el uso de suelo del predio, debido a la presión inmobiliaria en la zona.
El caso del Colegio Benalcázar plantea una pregunta fundamental: ¿esconderse tras muros es la solución para combatir la inseguridad? Para muchos, la respuesta es no. Argumentan que esta medida solo traslada el problema al exterior, sin abordar las causas profundas de la delincuencia. Además, señalan que los muros generan una sensación de encierro y desconfianza, afectando la vitalidad del espacio público.
En lugar de construir barreras físicas, proponen otras alternativas, como mejorar la iluminación, aumentar la presencia policial, promover la participación ciudadana y fortalecer los lazos comunitarios. Estas medidas, afirman, son más efectivas a largo plazo para crear entornos seguros y habitables.
Existen ejemplos en el mundo que demuestran que la apropiación del espacio público puede ser una estrategia exitosa para combatir la inseguridad. En Mérida, México, los habitantes han logrado convertir a esta ciudad en una de las más seguras del mundo mediante la recuperación de parques, plazas y calles. A través de actividades culturales, deportivas y recreativas, han logrado crear un ambiente de convivencia y seguridad que disuade a los delincuentes.
Este modelo se basa en la idea de que el espacio público pertenece a todos y que, cuando los ciudadanos se apropian de él, se genera un sentido de pertenencia y responsabilidad que contribuye a su cuidado y protección.
En Ecuador, el cierre de calles sin permiso es una práctica común en muchos barrios motivada por la inseguridad. Sin embargo, esta medida atenta contra el derecho a la libre circulación y genera conflictos entre vecinos. La ley establece que el espacio público es de uso común y que solo puede ser restringido por razones de interés general, previa autorización de las autoridades competentes.
Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre la seguridad y la libertad de movimiento. Las autoridades deben garantizar la seguridad en todos los espacios públicos, sin necesidad de que los ciudadanos tengan que encerrarse en sus casas o barrios.
Si bien es comprensible que los ciudadanos busquen protegerse ante la delincuencia, “amurallarse” no es la solución. Es necesario adoptar un enfoque integral que combine medidas de prevención, control y sanción, con la participación activa de la comunidad.
