La marcha a Quito de la Conaie, el Frente Popular y amplios sectores sociales opuestos a la minería y por la preservación de las fuentes de agua causó resquemores en el Gobierno, que organizó sus contramanifestaciones.
Los temores de una posible confrontación física se disiparon y apenas quedaron reducidos a algunos cruces de palabras y fricciones alrededor de la Asamblea en la noche. Desde el 8 de marzo partió rumbo a la capital un nutrido grupo de manifestantes que fue engrosándose en el camino. Se la anunció como una marcha por el agua y por la vida, que hubo de llegar a Quito el mismo Día Mundial del Agua. Ante los anuncios de los sectores sociales proambientalistas opuestos a la explotación minera a cielo abierto la reacción oficial fue contundente. Se organizaron contramanifestaciones.
El Gobierno hizo alarde de intolerancia a la opinión ajena -al fin y al cabo una manifestación es demostración de libre expresión- y desató una campaña mediática costosa y continua para tildar a los críticos como golpistas y a la marcha como desestabilizadora. Al tiempo montaba un inmenso tinglado de concentraciones de partidarios, movilizaba buses y aderezaba con música en vivo y refrigerios las adhesiones.
Unos y otros convocaron a miles de personas. Y ante la protesta, la descalificación primero y el llamado al diálogo luego, confundieron el panorama que, desde la tarima oficial, se convirtió en una acusación a una supuesta alianza de la derecha y los sectores manifestantes, la izquierda radical del país y los medios a los que el Presidente llama corruptos. El mismo lenguaje gastado y un nudo gordiano que será difícil destrabar sin generosidad y en un clima polarizado y de confrontación.