¿Cómo propiciar la inversión minera, armonizar las normas ambientales rígidas que están escritas en la Constitución y atender a las demandas sociales? Es un gran reto si se quiere aprovechar el potencial.
Lo ideal es el equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado de la naturaleza y el respeto al tejido social.
El Ministro de Recursos Naturales No Renovables explicó que para julio se finiquitarán las negociaciones con grandes empresas que tienen capital internacional y tecnología. La provincia de Zamora Chinchipe es el lugar geográfico clave. Pero ese entorno no está exento del debate político, porque si bien el Gobernador (de las filas de Alianza País) se muestra optimista, el Prefecto (de Pachakutik) ha mostrado una posición dura. El resultado de la consulta tampoco ha sido favorable a las tesis oficiales.
El antecedente reciente de la violencia para destruir la maquinaria de mineros ilegales y el proceso que demandan 5 000 familias de 55 empresas en el norte de Esmeraldas no es el mejor antecedente y muestra lo sensible de la conflictividad social que gira en torno a esta actividad.
La Constitución vigente habla de la garantía del Estado a un modelo sustentable de desarrollo, equilibrado y de respeto a la naturaleza. Garantiza además la participación activa de pueblos y comunidades en decisiones trascendentales, la intangibilidad de la naturaleza y la necesidad de consultar a la comunidad sobre temas delicados (arts. 395 al 399). Además, la Carta Magna garantiza el derecho a la resistencia.
Este equilibrio entre lo natural, lo social y el aprovechamiento de grandes yacimientos mineros son metas muy importantes que ojalá se puedan conciliar.