Para nadie es novedad que Ecuador es un país rico en recursos naturales, especialmente energéticos y minerales, pero hasta hace muy poco no había conciencia de lo que esto significaba en recursos que siempre son necesarios para promover el desarrollo. Gracias a las decisiones tomadas en los últimos años y a partir de una Ley de minería, ahora se puede afirmar que las reglas del juego están claras y que las actividades en torno a los minerales que contiene el subsuelo podrán ser extraídos y garantizar que esos recursos tengan un destino positivo.
La muerte de cuatro mineros en Portovelo, que trabajaban en deplorable situación de seguridad, encendió nuevamente el tema de la minería y los ojos se volvieron a Nambija, un asentamiento que contiene oro y que ha sido explotado en las peores condiciones desde hace 30 años.
El minero en Nambija sobrevive por instinto, no tiene un plan de exploración, está sometido a constantes riesgos de derrumbes y ninguna autoridad ha logrado frenar este fenómeno social que, en años anteriores, también causó tragedias, pérdidas de vidas y explotación laboral. La fiebre del oro en Nambija atrajo a ecuatorianos de todas las regiones. Una situación similar se vive en Portovelo, donde un 90% de la población está relacionada económicamente con esa actividad.
El mapa actual de la minería, que abarca el 4% de la superficie continental, revela que existen 268 empresas nacionales y extranjeras con concesiones legales para ejercer actividades de exploración y explotación, especialmente de oro y cobre. La autoridad competente tiene la obligación de garantizar seguridad a los mineros y debe frenar las actividades de la minería ilegal que contamina los ríos y los bosques. La Ley existe y debe ser aplicada.