La minería ilegal en Ecuador es un problema que alcanza dimensiones alarmantes, ya que está estrechamente vinculada al crimen organizado y al narcotráfico. En primer lugar, esta actividad ilícita afecta la economía y las finanzas del país. Además, tiene un impacto devastador en el medioambiente y en las comunidades locales.
En consecuencia, la falta de acciones estatales eficientes para detener esta práctica exacerba la situación. Lo más preocupante es que pone en peligro a las poblaciones y ecosistemas de la Amazonía ecuatoriana.
Por ejemplo, la minería ilegal mueve entre 600 millones y 800 millones de dólares al año, según las Naciones Unidas. Esta economía ilícita permite lavar dinero del narcotráfico y tiene el respaldo de políticos y funcionarios corruptos. Por lo tanto, la falta de control efectivo y la convivencia entre minería legal e ilegal crean un panorama incierto. Como resultado, esta situación dificulta la veeduría ciudadana y la transparencia en el sector minero.
Asimismo, el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) identificó al menos 562 hectáreas de cuatro áreas protegidas de la Amazonía devastadas en 2024. Esta actividad ilegal causa la destrucción de ecosistemas, la contaminación de ríos y la erosión del suelo. Además, afecta gravemente la biodiversidad y la vida de las comunidades indígenas.
Por otro lado, las comunidades locales, especialmente en la Amazonía, han sido las más afectadas por la minería ilegal. La violencia y la criminalización de quienes defienden sus territorios son una constante. Por ejemplo, los magnicidios de los alcaldes de Ponce Enríquez, Portovelo y Arenillas son un claro ejemplo de la vinculación de actividades ilícitas con el narcotráfico y al crimen organizado. En este contexto, la falta de acciones contundentes ha permitido que estas operaciones clandestinas sigan expandiéndose.
Hace poco, el presidente Daniel Noboa anunció la reapertura del catastro minero y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). Sin embargo, estas medidas no son suficientes para detener la expansión de la minería ilegal. Además, el reciente acuerdo comercial con Canadá genera un mayor rechazo de sectores que no quieren que Ecuador siga el camino extractivista.
En este sentido, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) acusó al régimen de favorecer a las transnacionales mineras. Sus dirigentes denuncian que se negocia en secreto y se vulnera el derecho de acceso a la información pública.
Por lo tanto, es fundamental que el nuevo presidente de Ecuador tome medidas más contundentes y coordinadas para combatir la minería ilegal. Esto incluye auditorías del sector minero y capacitación de jueces sobre la gravedad de esta actividad ilícita. Hace falta un control efectivo para evitar la infiltración de grupos criminales en las concesiones mineras.
Además, es necesario establecer normativas claras para la aplicación de consultas previas y ambientales, garantizando así los derechos de las comunidades locales.
En conclusión, la minería ilegal no solo es un problema económico y ambiental, sino también una amenaza para la seguridad y la soberanía del país. Es hora de acciones firmes y transparentes para detener esta actividad ilícita y proteger a las comunidades y ecosistemas afectados.
