Minería: las consultas, los derechos y la riqueza

valore
Descrición
Indignado 5
Triste 1
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 11
Jueves 30 de mayo 2019

Un nuevo pedido de consulta popular llega a tratamiento de la Corte Constitucional. Esta vez se pone en cuestión al yacimiento Cascabel( norte).
Es verdad que la explotación minera, si no se hace de modo regulado, controlado por la autoridad competente y los órganos del poder público puede significar devastación.

Pero, al mismo tiempo, la riqueza natural pertenece al país y la extracción racional de minerales es un derecho consagrado en la Constitución, fuente importante de ingresos para una economía en problemas.

Nadie quiere una minería que no respete los derechos de las comunidades adyacentes a los sitios de explotación. No es para nada deseable ni aceptable la depredación de la naturaleza y peor todavía, la contaminación de las fuentes de agua. La sustentabilidad de las operaciones es muy importante, para que el posible daño no sea mayor que el posible beneficio. Eso es lógico.

Mientras se empieza a tratar el 5 de junio el tema en la Corte, el debate continúa. Cabe despejar más dudas sobre la jurisprudencia al respecto y sobre el tratamiento de la propia consulta reciente en Quimsacocha, ya que fue el Consejo Nacional Electoral el que la convocó, sin que el organismo Constitucional se haya pronunciado con oportunidad, debido a su situación institucional.

Quedan varios temas sobre la mesa. La millonaria inversión minera está en marcha en varios puntos del país. Ha sido legal y autorizada por el Estado, y un pronunciamiento que bloquee la extracción controlada -como recordó el Presidente en su Informe- puede acarrear gigantes demandas pecuniarias contra el Estado.

Además, frente a los avances realizados y el panorama de creciente minería ilegal y sus mafias perniciosas, ¿quién garantiza que los yacimientos, una vez abandonados, no sean tomados por los ilegales?

Lo que ahora sucede en Buenos Aires es un ejemplo de que el manejo ilegal de la minería deforesta, propicia delitos conexos y no deja un solo centavo al Estado. No es el camino.

Sin duda, la minería responsable y controlada conviene a todos.