El anuncio del contrato con Ecuacorriente y la política minera que habla de una veintena de proyectos e inversiones millonarias en los próximos 25 años cambian el mapa de la minería en el país.
Este ‘boom’ extractivo demandará severos controles ambientales para evitar los impactos en las fuentes de agua y en la población de las comunidades vecinas de las áreas de explotación.
Al mismo tiempo, la nueva etapa que se abre y se profundizará en los próximos años, por la voluntad política del Gobierno pese a las objeciones de varios sectores sociales y activistas, deberá contar con un número significativo de técnicos e ingenieros. El problema es que la débil demanda de profesionales en estas áreas en los años pasados no ha incentivado ni la creación de carreras en los centros universitarios (hay 4) ni la atracción suficiente de estudiantes hacia esta especialidad.
Muchos de los profesionales titulados en años anteriores -la reportería de este Diario estableció que apenas se gradúan 40 por año- no tenían alicientes en la extracción artesanal. Los datos oficiales estiman que se requerirá al menos 300 especialistas con nivel de ingeniería universitaria. Esta demanda deberá ser cubierta en una primera etapa por profesionales extranjeros, lo que contraviene una disposición expresa de la Ley (80% deberían ser ecuatorianos). Los trabajos menos calificados deben cubrirse con habitantes de las zonas cercanas a las minas.
Chile, pese a ser gran productor desde hace años, tiene un déficit de 7 000 profesionales, según dijo a EL COMERCIO su viceministro de Minería, Pablo Warner.
En Ecuador se deberá promover la apertura de nuevas carreras para atender a este nuevo frente de generación de recursos.