La dura Ley 1070, aprobada por el estado de Arizona y que entra en plena vigencia en julio, ha recibido el rotundo rechazo de millones de habitantes latinos en Estados Unidos, así como de los países del continente de cuya procedencia y trabajo honesto se nutre desde hace años la economía estadounidense.
Lo peor de esta Ley es el miedo que ha instaurado como producto de la decisión de perseguir a los ciudadanos sin sus documentos en regla. Hoy se suma el factor de discriminación. Esto violenta las más elementales proclamas del derecho universal humanitario.
En el caso de Arizona, la situación de desconfianza ha impactado severamente en la economía que se ha visto estancada. Lo peor: el discrimen llega a tal punto que en Phoenix, el sheriff John Arpaio obliga a los detenidos latinos sin documentos a vestir el oprobioso traje a rayas y ropa interior de color rosado.
La reportería levantada por EL COMERCIO da cuenta de la existencia de 57 ecuatorianos detenidos en estas prisiones que se asemejan a fortines. En Arizona hay 10 000 ecuatorianos y un 10% de la población del estado es latina.
Muchos hispanoamericanos llegaron desde hace años por el desierto, una de las zonas más inhóspitas y ardientes del planeta. Los más han estado solo de paso por Arizona y fueron en busca del trabajo que la inequidad y brechas gigantes de sus países les negaron. Estados Unidos, tierra de promisión, encierra un crisol de nacionalidades en una historia cargada de flujos migratorios de todo el planeta.
Es injusto que una nación conformada por esta diversidad étnica y cultural hoy cierre sus puertas de modo inhumano. La Ley de Arizona y su revisión a nivel federal es una cuenta pendiente de la administración Obama con sus vecinos de continente.