Quito, su propiedad, su proyecto de Metro sufrieron los efectos de un grupo de 20 personas que tomó por asalto el espacio de los hangares y pintarrajeó un vagón.
El acto es un atentado contra la ciudad y los vecinos de la capital que las autoridades de la Policía y el Distrito Metropolitano están obligados a investigar y la justicia a intervenir en ellos.
Por ahora se ofrece una suma de USD 100 000 como recompensa a quien entregue información certera que ayude a descubrir a los autores de estos hechos vandálicos y que sometieron, para hacerlo, al guardián del predio.
El Metro es un bien público pagado con gran sacrificio de la economía nacional y con dinero que nos pertenece a todos. Pintarlo con grafitis es una bofetada a todos los habitantes de Quito que merece una reparación y acción oportuna y eficaz de la justicia.
Lo mismo debemos decir sobre los muros y paredes de propiedad privada y pública que sufren atentados de esta naturaleza. El debate sobre la estética de los grafitis, su ‘calidad artística’ y la invasión de ellos de lugares públicos y la propiedad privada no es nuevo ni en Ecuador ni en el mundo.
Quito ha recibido y sigue recibiendo la actividad en una mezcla de perplejidad y rechazo, aunque haya quienes piensen que el espacio de los muros es para expresar opiniones o propuestas más o menos artísticas con libertad.
Con el rechazo al vandalismo debemos abrir un debate sobre lo que afecta a la ciudad que nos pertenece a todos.