El control a los medios obsesiona a los altos cargos políticos en distinta medida y con distinta intensidad, según sea el talante democrático de los gobernantes o su poca vocación por una prensa libre.
El Presidente entabló una batalla personal contra los medios de comunicación. Olvidó que fue en los medios y a través de la amplia divulgación de su imagen y pensamiento como se dio a conocer y logró adhesiones a sus ideas de cambio.
Pero esa lucha contra los medios ha desgastado a la sociedad toda. El debate por la Ley de Comunicación, que persigue controlar y sancionar a la prensa libre, las descalificaciones e insultos en los discursos y especialmente en las cadenas sabatinas y el uso abusivo de propaganda oficial han dibujado un escenario mediático-político de crispación.
El Gobierno propició la incautación de medios de radio, prensa y televisión vinculados a un grupo indiciado por la crisis bancaria y cuyas causas todavía están pendientes de dictamen judicial. Prometió vender los canales de televisión –dos estaciones de TV abierta y tres de cable– en el lapso de seis meses. Pero las bondades de manejar medios surten efecto. A dos años y tres meses de la incautación, el Gobierno controla la pauta publicitaria y, en especial, los contenidos de su interés.
Una disposición constitucional impide que los accionistas de la banca tengan intereses en medios. La nueva Constitución puso plazo: el 20 de octubre. Hasta entonces varios canales, radios y revistas deberán venderse o se irán a subasta. Una disposición de la Junta Bancaria, en franca contradicción con la norma constitucional, manda que los propietarios de más del 25% deben vender sus acciones.
Los medios vinculados con la banca deben venderse pero el Estado fortalece su monopolio. ¡Qué contradicción!