LOS MEDIOS PÚBLICOS

Antes del advenimiento del Gobierno autocalificado de la “revolución ciudadana”, apenas si funcionó Radio Nacional del Ecuador.

Tres años después, el Estado cuenta a su haber con una veintena de medios de comunicación (6 canales de TV -propios o incautados-, 2 periódicos, 7 emisoras de radio, 4 revistas temáticas y una agencia).

Estos medios controlados por el Estado operan con fondos públicos, es decir, con la plata de todos los contribuyentes y de cuya rendición de cuentas y manejo poco se sabe.

Cuando se habla de la transparencia y se introducen normas que traspasan las disposiciones constitucionales sobre los alcances del Consejo de Participación Ciudadana y se pretende el control de este ente público a los medios privados, nos preguntamos: ¿y por qué el Estado no rinde cuentas, como está obligado por las leyes vigentes, a transparentar el uso de recursos públicos en estos medios de comunicación que pagamos todos?

Más allá de la norma constitucional que impide que al vetar un proyecto de Ley el Ejecutivo introduzca temas de otras materias ajenas al contenido -además de otros errores de fondo y forma-, está el afán ya desembozado de querer controlar los contenidos de los medios. El control y la sanción desde el poder político también se buscan en el polémico y dilatado proyecto de Ley de Comunicación.

Ya vimos lo que pasó en El Telégrafo, un periódico histórico que se proclamó diario público pero obedece al oficialismo. Ahora quieren producir una publicación con contenido ligero. El proyecto original falló, regalan ejemplares, sus costos son gigantescos y sus directivos han renunciado. Quieren controlar a los articulistas.

La libertad de expresión, retórica de labios para afuera. Intentan imponer normas a los demás, no casa adentro.

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