Durante más de un año el Gobierno avivó el debate sobre el Código de la Producción en distintas ciudades del país. Sin embargo la aprobación final de este instrumento legal en la Asamblea ha sembrado incertidumbres y suspicacias en sectores productivos y laborales.
Hay quienes perciben que la búsqueda de la formulación del salario digno es un concepto ligado a una visión clientelar que no tendría el suficiente acompañamiento con la realidad diversa de las economías de las empresas. Hay quienes sencillamente no lo podrán asumir.
Sobre el tema los propios sectores sindicales consideraron que era difícil de poner en vigor y en muchos casos se percibe como contraproducente, poco estimulante a la generación de puestos de trabajo y hasta conducente a la precarización laboral.
En materia de los incentivos a la producción quizá es un error dejar fuera del beneficio de la exoneración del impuesto a la renta a las inversiones nuevas, a plazas tan importantes como Quito o Guayaquil, los mayores centros poblados y generadores tradicionales de demanda de mano de obra y trabajo en el sector servicios.
Actores empresariales representados por sus altos dirigentes gremiales han manifestado sus preocupaciones por cuanto no hay elementos que garanticen la seguridad jurídica, y la creación de una buena atmósfera de negocios.
El Ecuador requiere producción para generar trabajo y eso solamente se consigue con confianza. Reglas claras, durables en el tiempo y que incentiven la inversión nacional y motiven a distintos inversionistas internacionales son el único camino para sacar al país del atraso y proyectarlo al futuro. Hay que creer en el Ecuador y generar la atmósfera en pro de una producción diversa, libre y responsable.