Las calles se convertirán esta tarde en escenario de manifestaciones de disconformidad con el estado actual de cosas. Varios sectores confluirán por distintas motivaciones.
El mecanismo de la protesta social es legítimo y está consagrado en la Constitución. Cabe esperar que esas manifestaciones -que se anuncian en varias ciudades del país- se cumplan en forma pacífica, como se ha anticipado, expresen respeto a la gente que no se muestre partidaria de la manifestación y no dañen la propiedad pública y privada.
El Gobierno y la Fuerza Pública están llamados a garantizar el orden y hasta a proteger a los manifestantes para el ejercicio cívico que se proponen.
Los días previos a la marcha han estado marcados por una campaña en los medios de comunicación con mensajes gubernamentales que pueden resultar contraproducentes pues identifican a la protesta como un acto retardatario.
El oficialismo busca descalificar la protesta social por el tinte político de varios de sus dirigentes, generalmente afiliados a partidos de izquierda. También se critica a opositores del centro hasta la derecha que han mostrado su adhesión.
Las jornadas de encuentros como los del Palacio de Carondelet con dirigentes indígenas del pasado y otros afines al Gobierno reflejan la preocupación gubernamental y el intento de mostrar división entre las facciones sociales.
Pero así como el Régimen tiene derecho a defender su gestión, los manifestantes tienen derecho a expresarse si, como se sostiene, vivimos en democracia.