Contar con cifras oficiales técnicas y confiables es apenas indispensable, si lo que se quiere es un país con instituciones estables y parámetros que permitan comparar la situación en el tiempo.
Hace pocos días, la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) presentó los datos de un informe sobre la pobreza. Según ese documento, la pobreza retrocedió. El Secretario de ese organismo atribuyó la reducción a la fuerte inversión pública.
Los datos oficiales hablaban de una reducción de la extrema pobreza al 7,1%. Además, se señalaba que en el campo dicha reducción era del 15,5%. Entre 2006 y 2010, la pobreza según las necesidades básicas insatisfechas disminuyó en 2,15 puntos porcentuales.
Pero lo curioso es que los expertos consultados señalan que hay falta de transparencia en la presentación de las cifras. Se omiten los datos de los años 2007 y 2008, lo que cambia el panorama. Esos datos muestran que la pobreza pasó en 2008 a 22,6% y en 2009 subió 2 puntos. Además, los datos que presenta el ente oficial no son comparables. Se recogen en distintos períodos y con muestras claramente diferentes, una distorsión.
Para mostrar la situación socioeconómica hay un registro inequívoco. Las cifras oficiales dicen que en el primer semestre de este año el desempleo subió al 9,1%. El subempleo se sitúa en 51,3%, y eso quiere decir que 60,4% de la Población Económicamente Activa carece de trabajo fijo.
El Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad muestra que apenas el 15% de la población aprueba la gestión (mayo del 2010) del Gobierno en materia de desempleo. Más allá de la percepción ciudadana, el uso transparente de las cifras es una demanda indispensable de respeto y credibilidad democrática. Una exigencia nacional.