Mal manejo de la crisis y los estados de excepción

Hace más de un año el coronavirus llegó para quedarse, y por un largo tiempo. La política pública desnudó sus flaquezas y sus desaciertos en la falta de pruebas y en el plan de vacunación, y la factura es dolorosa.

Los contagiados y los muertos están ahí; a veces, las personas que sobreviven deben pagar altas cuentas y quedan con graves secuelas. La buena voluntad, los discursos y los ‘spots’ no bastan. No se compró el suficiente número de pruebas y las consecuencias las estamos pagando todos.

Se anunció un número de vacunas que tardó en llegar. Se descubrió que el plan no estaba listo o al menos eso dijo uno de los ministros renunciantes. Quien lo reemplaza en el cargo aclara que los dos millones de vacunados no recibirán dos dosis hasta el 24 de mayo, sino una. La provisión para la segunda quedará en bodega.

En los primeros días, cuando el desconcierto planetario no permitía claridad a las autoridades de salud de los países más avanzados en ciencia, tecnología, salud pública y con economías más fuertes, las medidas llegaron por imitación: aislamiento de pacientes, control, confinamientos, solamente ciertas actividades esenciales permitidas. Toques de queda, circulación restringida, cierre de hoteles y restaurantes, comercios a medio gas y economía ahogada.

Pero el dilema jurídico de la declaratoria de estados de excepción se ha manejado, por decir lo menos, con poco tino. Es verdad que hay normas que no se pueden transgredir. Así, han llegado las recomendaciones de la Corte Constitucional de formular una ley específica para casos análogos, y el recordatorio sobre la expedición de decretos.

Hoy llegan la imploración de los gremios médicos, los exhortos del Comité de Operaciones de Emergencia y medidas restrictivas de los organismos cantonales a los que la población a duras penas hace caso.

Se debió ejercitar un acercamiento para conseguir una viable declaratoria, sin llegar a la pugnacidad, cuando de por medio está la vida. No saldremos si no hay conciencia colectiva de las autoridades, y la gente deja de tener una actitud indiferente.