Lo que empezó como una denuncia que parecía política desnudó una práctica común que atañe a todo el establecimiento en el poderoso Brasil.
Cuando comenzaron a descubrirse los millonarios acuerdos entre la estatal Petrobras, las mayores empresas de construcción de Brasil -con obras gigantes en toda la región- y la clase política, muchos lo quisieron ver como una estratagema para desprestigiar
al gobierno de Dilma Rousseff.
Andando el tiempo, el escándalo y, sobre todo, la investigación judicial llegan cada vez más alto. Se entiende que la clase política de partidos de diverso signo ideológico se vio beneficiada por las millonarias ‘contribuciones’ de un negocio pagado con recursos públicos.
Lo primero que se revela es que la fuerza de la costumbre conviene al establecimiento. Sin embargo, el tema reivindica el valor de una justicia que se precia de independiente, en un país donde -pese a todo- la institucionalidad es respetada.
No importa si como producto de la denuncia empiezan a rodar altas cabezas del Gabinete presidencial, mientras llegan las sentencias.
Luiz Inácio Lula da Silva, un presidente popular, con el mérito tremendo de su lucha por el cambio y la búsqueda de equidad, es indagado y se pide su arresto. Su representante en el Directorio de Petrobras fue Rousseff.
Los escándalos de corrupción afectan a la imagen del gran país, hasta hace poco ufano de codearse en el mapamundi con las grandes potencias emergentes.