El carismático Luis Inácio Lula da Silva pasó de indagado a ministro de Estado. La jugada de la presidenta Dilma Rousseff es un desafío a la justicia de Brasil.
Cuando hace algo más de una semana la justicia llegaba con el agua a los tobillos del ex presidente, nadie hubiese advertido que la Presidenta y seguidora del líder del Partido de los Trabajadores iba a tejer tal urdiembre para intentar proteger al ex mandatario ahora en serios aprietos.
El escándalo de corrupción que se incubó en la estatal de petróleos, las empresas constructoras y el establecimiento político de Brasil, toca a varias figuras del gabinete y a la propia presidenta Rousseff. Ella fue delegada del presidente Lula en el directorio de Petrobras. Las grandes constructoras del gigante sudamericano, algunas con operaciones en nuestro país, repartían jugosas ‘aportaciones’ a la clase política de varios partidos. Era lo habitual.
La investigación de esta y otras corruptelas llega cada vez más cerca del poder mientras la justicia, que muestra su independencia y el valor de esa condición, no se detiene ante nada.
En ese contexto, el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia pese a una medida cautelar, y la divulgación de una conversación entre el ex presidente y la Mandataria que delata las intenciones de protegerlo, no han hecho sino avivar el fuego de la protesta popular en un país donde la gente está harta del estado de cosas y de la concupiscencia entre el poder y el dinero.