Como si no fueran suficientes las noticias desgarradoras de lo ocurrido desde el 2020, desde que se dieron las primeras alertas sobre una captadora ilegal de dinero en Quevedo, desde familias que han perdido importantes sumas de dinero sin que tengan ninguna garantía de que se le devuelva sus fondos, hasta asesinatos y secuestros; la Superintendencia de Bancos anunció la semana pasada que hay más empresas de este tipo en el país.
La entidad que regula la actividad anunció que detectó actividad ilegal de siete entidades. Con eso suman ya 22 captadoras ilegales de dinero denunciadas en lo que va del 2022. Este no es un problema de ahora, en los últimos cinco años se han reportado 98 empresas que se dedicaban a esta actividad.
Básicamente, estas operadoras piden dinero a sus clientes con la promesa de entregar beneficiosos intereses por ceder esos fondos. En tiempos de dificultades económicas extremas, como estos dos últimos años por las restricciones de la pandemia del covid-19, sacar dinero extra es como un canto de sirena que atrapa con facilidad a los ciudadanos urgidos de liquidez.
No es una simple estafa. Es un delito descrito y sancionado en el Código Integral Penal (COIP): “Art. 323.- Captación ilegal de dinero.- La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Los ciudadanos deben entender que, a pesar de que sea una actividad que tiene una sanción penal, el retorno de sus dineros puede ser complicado y que si bien ha habido sentencias en las que los tribunales imponen multas de reparación en casos pequeños, no se puede garantizar el retorno de esos fondos.
La primera alerta para que una persona entienda que se trata de una captadora ilegal de dinero es el ofrecimiento de intereses altos. Es deber del Estado rastrear a estas empresas y presentar una lucha contra el delito de captar dinero ilegalmente.