Un paso positivo supone la creación de la comisión internacional en apoyo a la lucha contra la corrupción.
En esa línea, el compromiso de la ONU, manifestado de modo expreso por su Secretario General en abril de este año, apoya los esfuerzos del Gobierno para establecer el ente.
Durante 90 días desde la fecha de su inicio y, eventualmente, por otro período igual de prórroga, los comisionados se emplearán a fondo con sus conocimientos técnicos, académicos e intelectuales para acompañar los procesos en Ecuador. Es obvio colegir que estos se llevan adelante en el marco de la ley vigente y en las instancias de la Función Judicial, pero también se trabajará en mejorar el entorno legal.
La misión es acompañar y, sobre todo, seguir estableciendo blindajes para el futuro. La idea, en el mediano y largo plazos, es apoyar la consolidación de instituciones sólidas en la lucha contra la corrupción.
El cuerpo colegiado aportará también con toda la enriquecedora experiencia de sus miembros para que las autoridades locales avancen en algunos casos emblemáticos.
Los expertos consideran que la voluntad de luchar en este delicado campo es muy importante, y que hay que hacerlo en varios frentes. Pero estiman indispensable que la sociedad tome conciencia del valor de concretar este empeño. Un seguimiento de los avances por parte de las organizaciones civiles y de los medios es siempre una herramienta que aporta a la transparencia.
Si la corrupción se lleva el 2% del Producto Interno Bruto de los países, como bien dijo el responsable de la Oficina contra la Droga y el Delito, de la ONU, esos recursos podrían emplearse en desarrollo nacional y salidas al desempleo y la pobreza.
Un aspecto que merece especial cuidado y está en la conversación cotidiana de la gente es la fiabilidad de la recuperación de los dineros que se pierden por la corrupción.
La comisión es un reto para todos: para el Gobierno que dio el paso, para la justicia que debe actuar con equilibrio y empeño, para las empresas y la sociedad toda. Un compromiso.