La liquidación de jubilaciones se enredó

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Viernes 02 de agosto 2019

El Gobierno no ha podido resolver el pago de USD 350 millones por concepto de pensiones jubilares, las cuales estaban en el presupuesto de este año. En los últimos días se ha puesto en contra a un grupo de jubilados que lleva 11 días en huelga de hambre, en protesta por el planteamiento de Finanzas de cancelar parte de las obligaciones en bonos del Estado.

El problema ha escalado más allá de lo previsto, al punto que el Ministro de Finanzas ya tiene tres pedidos de juicio político por este tema y otros relacionados con el pago de obligaciones a gobiernos seccionales, o por no asistir a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea para hablar de los créditos agrícolas o la asignación de recursos para la Unidad Nacional de Almacenamiento.

A los operadores políticos del Régimen no se les ve apagando estos conatos de incendio y más bien han echado leña al fuego. El portavoz del Gobierno salió públicamente a plantear la idea de pedir una contribución solidaria a la población para cancelar las obligaciones a los jubilados, lo cual solo sirvió para encender los ánimos de quienes rechazan un aumento de tributos y más bien reclaman un mayor esfuerzo del Ejecutivo para controlar el gasto corriente.

El actual Gobierno heredó una deuda de USD 1 200 millones con los jubilados y ha cancelado cerca de 700 millones hasta el mes pasado. Para cubrir la diferencia, el presupuesto de este año contempla el pago de una parte en bonos, lo cual fue aprobado por la Asamblea y también respondía al pedido de otro grupo de jubilados que, ante la iliquidez fiscal, veía como opción recibir esos papeles. Ellos ya empezaron a recibir bonos desde el miércoles pasado.

La Asamblea ha colaborado para ahondar los problemas fiscales. A inicios de año aprobó una ley que aumentó las obligaciones del Estado en USD 180 millones para los jubilados, adicionales a los 350 millones que se habían presupuestado este año.

El pago de obligaciones a los jubilados se convirtió innecesariamente en un problema político, lo cual afecta al Gobierno a la hora de abordar las reformas tributaria y laboral.