El paÃs ha dado un paso decisivo. Con 84 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, un proyecto con el que el Gobierno busca enfrentar con dureza las economÃas criminales que alimentan el conflicto armado interno.
La nueva normativa propone un endurecimiento del tratamiento penal, la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial —aunque con validación posterior—, y reglas excepcionales para procesar a los involucrados en delitos durante el conflicto interno.
El respaldo legislativo a esta iniciativa fue amplio, aunque no exento de tensiones, divisiones internas y advertencias de expulsión en algunos bloques. La urgencia del Ejecutivo encontró eco en el Pleno, pero también dejó planteadas preguntas legÃtimas sobre los lÃmites del poder y la vigencia de las garantÃas constitucionales.
El contexto que rodea esta ley es crÃtico. La penetración del crimen organizado en múltiples capas del Estado, la violencia que desborda barrios y provincias, y el temor ciudadano que se ha vuelto rutina, exigen respuestas inmediatas. Desde esa perspectiva, la nueva normativa propone un endurecimiento del tratamiento penal, la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial —aunque con validación posterior—, y reglas excepcionales para procesar a los involucrados en delitos durante el conflicto interno.
Uno de los puntos más polémicos de la Ley de Solidaridad Nacional fue eliminado antes de la votación: la detención sin orden judicial. Sin embargo, otros mecanismos extraordinarios fueron mantenidos, como la prisión preventiva automática y la negación de beneficios penitenciarios hasta que se cumpla con la reparación integral. Estas decisiones apuntan a una lógica punitiva que, aunque eficaz en lo inmediato, corre el riesgo de institucionalizar la excepción.
En paralelo, la ley introduce elementos novedosos que valen la pena destacar. El texto final contempla un capÃtulo sobre protección a personas afectadas por el conflicto, con énfasis en la prevención del reclutamiento de menores por grupos armados. También se incorporan disposiciones para depurar las filas de la PolicÃa y las Fuerzas Armadas, un gesto necesario en medio de la posibilidad de infiltración criminal en las instituciones de seguridad.
Otra medida controvertida es la flexibilización del indulto presidencial para uniformados procesados. A partir de ahora, el Presidente podrá anunciarlo antes del fallo judicial, aunque será efectivo solo tras la sentencia. Este cambio busca blindar a los miembros de la fuerza pública ante un sistema judicial que muchas veces los ha dejado a la deriva.
No obstante, la protección del indulto presidencial debe venir acompañada de una evaluación rigurosa de su desempeño y una polÃtica clara de rendición de cuentas.
La votación final reflejó fracturas ideológicas más que convicciones unificadas. El bloque oficialista ADN defendió el proyecto como un instrumento esencial para recuperar la paz. La Revolución Ciudadana anotó puntos clave para algunos ajustes, y una parte de Pachakutik, desoyendo a su dirección nacional, también lo respaldó.
Luego de este proceso polÃtico, viene la aplicación de la norma. Es hora de que una ley urgente funcione en un paÃs que vive con estupor el embate de los grupos delincuenciales organizados.
