Varios temas del polémico proyecto de Ley de Comunicación, que intenta controlar y sancionar el ejercicio de la prensa en el país, llaman la atención de importantes organismos internacionales.
La Relatoría Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch hicieron llegar al Presidente de la Asamblea sendos documentos donde aportan significativos puntos que los legisladores deberían tomar en cuenta antes del debate definitivo de esta ley, cuyo tratamiento, largo y desgastante, podría atentar contra la libertad de expresión.
La Relatoría de la OEA hace notar que la Convención Americana de Derechos Humanos protege además de la información las opiniones y estima que su pleno respeto debe constar en la ley. La Constitución reconoce la prelación que los tratados de derechos humanos internacionales tiene sobre leyes locales.
El documento señala que la buena práctica profesional y la conducta ética de los medios no pueden ser impuestas desde el Estado. Hace hincapié en la reserva de la fuente y habla de la regulación de las cadenas oficiales. El derecho a rectificación tiene, en la redacción del proyecto, excesos y podría incidir en contenidos de los medios.
La Relatoría de la OEA y Human Rigths Watch observan que restringir el ejercicio del periodismo e imponer la colegiatura obligatoria atenta contra la libre expresión.
Human Rights Watch, si bien ve positivo prohibir los monopolios y oligopolios, observa el artículo 9 del proyecto que impone condiciones previas para la información. La discrecionalidad puede prestarse para el control gubernamental. Preocupan además las posibles sanciones.
El acuerdo ético-político manda acoger observaciones internacionales como compromiso moral del legislador.