Ley de extinción de dominio contra la corrupción
Para cambiar la política hay que cambiar el comportamiento de toda la sociedad. La responsabilidad de quienes ejercen cargos es prioridad.
El repudio total al estado de cosas, el rechazo a la falta de calidad y especialmente de honradez de quienes ejercen funciones públicas va agotando al sistema y urge remozarlo.
La corrupción ocupa un sitial privilegiado sobre los temas que los ciudadanos de bien -que son la mayoría- exigen cambiar con premura.
Los casos de corrupción han llegado a las más altas esferas del poder de la nación. Hay sentencias por delitos contra un expresidente, hay indagaciones contra otro, hay un exvicepresidente tras las rejas. Hay ministros y altos funcionarios prófugos.
Las causas que se sustancian contra miembros del anterior régimen son cuantiosas, pero también hay repudio colectivo al uso de los dineros en la pandemia, que contrastó con la falta evidente de insumos y medicamentos. La justicia no alcanza.
En el Poder Legislativo reposan desde hace rato varios proyectos de ley que intentan atacar de raíz el cáncer de la corrupción y el uso indebido de los bienes y dineros públicos.
La Asamblea Nacional, en palabras de su titular, César Litardo, tiene en su interior a alrededor de 60 asambleístas encausados penalmente.
Para lavar la imagen de la Asamblea y volver a cobrar prestigio para los actores políticos, urge que los legisladores atiendan y aprueben de manera seria leyes contra la corrupción.
Una de las más importantes es la de Extinción de Dominio.
Los funcionarios corruptos no pueden seguir acumulando patrimonio como usufructo de los procedimientos oscuros y dinero mal habido.
La ciudadanía seria y altiva reclama a los poderes públicos apurar el tramite legislativo para lavar en algo la honra de una nación sumida en la vergüenza, carente de ética pública.
El Gobierno asumió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional para sancionar hasta fin de año una ley indispensable para la transparencia. Aliviar el agobio de la caja fiscal es otra razón para actuar con seriedad y aprobar dicha ley.
