De los proyectos que el Gobierno y su bloque de asambleístas consideró como prioritario, la Ley Orgánica de Educación Superior debería entrar en debate definitivo hasta el 15 de junio.
El presidente Rafael Correa dijo a Ecuadoradio que esta Ley es una prioridad para cambiar la educación y la calificó de fundamental.
El país ha asistido a un debate intenso sobre este tema y más allá de la impotencia o inoperancia de los legisladores para aprobar las leyes que ellos mismos se encargaron de acumular -muchos fueron asambleístas constituyentes y pudieron haberlo previsto- su importancia es innegable.
Agitó el avispero un informe del Conea que establecía una categorización de universidades y causó reclamos. Pese a ello, los legisladores, sin empacho ni rubor, aprobaron la creación de una serie de universidades sin observar las recomendaciones.
En el debate lo central ha sido lo relativo a la libertad de cátedra. Las universidades reclaman autonomía y criterio propio para escoger las carreras y sus contenidos.
Otro aspecto importante es la conformación de un Consejo -una vez más se insiste en la visión concentradora del poder del Estado para regir a la Educación- y la creación de un ente regulador y controlado por el Ejecutivo, lo que ha recibido críticas de los centros académicos.
La comunidad universitaria ha marchado por las calles del país. Profesores y dirigentes, estudiantes y trabajadores piden libertad. La Constitución manda la gratuidad de la Educación Superior y en ese sentido es importante que la universidad estatal cuente con recursos. Si una parte de la educación corre a cargo de los padres que puedan hacerlo habrá más dinero para entregar a la universidad pública. Parece lógico.