Los cambios indispensables en la Ley Orgánica de Comunicación debieran concretarse en breve en pro de la libertad.
La Asamblea Nacional censuró y destituyó políticamente al funcionario cuya acción había encarnado la persecución a los medios y periodistas, usando una ley punitiva y anacrónica como instrumento del poder concentrado.
El mencionado Superintendente ya había sido cesado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio en función de otras acciones de la Contraloría General.
Mientras el ex Superintendente terminó su comparecencia con desplantes al ente legislativo, ahora deberá atender demandas judiciales por temas que le pueden acarrear juicios y posibles condenas en atención a acciones de su gestión que irrespetan las normas. Pero no hay que olvidar que quien encarnó la persecución a los medios, entabló demandas, estableció multas y presionó, en detrimento del ejercicio libre de la comunicación y la expresión, tuvo en sus manos un instrumento jurídico perverso: la Ley Orgánica de Comunicación, que hay que cambiar por el bien de la democracia.
La ley es mandato de la Constitución, aunque muchos preferirían que no exista, ahora cabe modificarla, limpiar el aspecto punitivo y persecutorio y procurar un instrumento abierto y plural de comunicación puesto al alcance de los gestores sociales, de los gremios y sindicatos, de los diferentes partidos, sin control del poder de turno.