Una ley y su aniversario
Cuando los políticos oficialistas defendían con vehemencia cada uno de los diferentes textos propuestos para escribir una Ley Orgánica de Comunicación, lo hacían atribuyéndose el nombre de una ciudadanía y sus derechos.
Largo tiempo transcurrió en el debate desde la aprobación de la Constitución y su Régimen Transitorio. Finalmente, la voluntad política de la mayoría parlamentaria impuso sus tesis para establecer el control y las sanciones a quienes se muevan en el amplio espacio de la discrecionalidad en una actividad que corresponde al ejercicio pleno de la libertad, en un sistema que se pretende democrático y plural. No importó el acuerdo ético-político de la anterior Asamblea y la norma pasó por la fuerza imbatible de las manos alzadas de Alianza País y de sus aliados.
La construcción de una intrincada trama burocrática, reglamentos y jerarquías de funcionarios lleva al terreno del pleito y el expediente, decenas de casos para mirar con lupa a los medios.
Las rígidas normas para rectificar, el ejercicio del derecho a la réplica con exigencia de la autoridad y varios procesos administrativos cuyas consecuencias son debatibles. Todo eso muestra que la Ley de Comunicación puede convertirse en un instrumento al servicio del poder que pocas veces mira los contenidos de los medios gubernamentales.
Vale reflexionar sobre el derecho de los ciudadanos a conocer que la norma no parece haber preservado más allá del pulseo entre medios y poder.
