La Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitió el lunes ocho resoluciones relativas al Ecuador.
Nuestro país ha pasado una década de agresiones verbales, presiones políticas y sanciones administrativas que afectaron severamente la actividad de los periodistas y de los medios de comunicación que no controlaba el régimen. Hubo un gran perjuicio a la libertad de expresión, que en última instancia es un derecho humano de libertad que beneficia a toda la sociedad.
La SIP pide al actual Presidente de la República que se reforme la Constitución para que la comunicación no sea considerada un servicio público, como puede ser el agua potable o la luz, sino un derecho de alta jerarquía.
La SIP -al igual que una buena parte de las organizaciones civiles ecuatorianas- señala que la Ley de Comunicación y su aplicación afectaron.
La visión sesgada de los medios mal llamados públicos, que en realidad fueron agentes gubernamentales, no favoreció a los derechos ni al ejercicio plural durante todos estos años en que el poder político planteó una guerra planetaria contra los medios privados.
Ahora, la actitud y los mensajes de Lenín Moreno son de apertura y respeto a la libre expresión; debería ser acompañada de cambios fundamentales.
El Presidente dijo el lunes en su informe semanal que se avanza en una reforma legal. Es lo menos que se espera para superar una situación anómala en un Estado que se considera democrático.