La implementación de la tercera placa en Quito plantea un dilema entre la necesidad de modernizar el control vehicular y los riesgos asociados a la protección de datos personales. Este sistema, impulsado por el Municipio bajo la administración de Pabel Muñoz, busca optimizar la movilidad y hacer más eficiente la regulación de la restricción de movilidad, el pico y placa. Sin embargo, su componente tecnológico, un chip con datos del vehículo, levanta serias interrogantes sobre la seguridad y el uso adecuado de la información que hasta ahora el Municipio no logra explicar.
En Quito, aunque el propósito declarado de la tercera placa es la regulación vehicular, sin controles adecuados, el sistema podría derivar en vigilancia desproporcionada.
En primer lugar, la tercera placa pone en el centro del debate la capacidad de las instituciones públicas para manejar datos personales con responsabilidad. En una entrevista para este Medio, Lorena Naranjo Godoy, experta en derecho digital, explicó que la protección de datos no es solo un asunto técnico, sino un derecho constitucional amparado en el artículo 66 de la Carta Política del Ecuador. Este establece que toda persona tiene control sobre cómo se recopila, almacena, utiliza y elimina su información personal. Pero ¿cuán preparado está el municipio de Quito para cumplir con estos estándares?
Las experiencias internacionales nos advierten de los riesgos. En Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial, un censo de datos religiosos facilitó la persecución de judíos. Más recientemente, en Venezuela, la lista Tascón expuso a opositores políticos a represalias estatales. Estos ejemplos evidencian que los datos personales pueden ser utilizados como herramientas de control social si no se manejan con las debidas salvaguardias. En Quito, aunque el propósito declarado de la tercera placa es la regulación vehicular, sin controles adecuados, el sistema podría derivar en vigilancia desproporcionada.
Otro aspecto preocupante es la claridad sobre la tecnología que se empleará. Según Naranjo, no se ha detallado si se usará GPS, cámaras de videovigilancia u otro tipo de sensores. Cada opción tiene implicaciones distintas para la privacidad. Por ejemplo, un chip con capacidades de geolocalización podría permitir rastrear los movimientos de un vehículo en tiempo real, vulnerando el principio de proporcionalidad establecido en la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador.
Además, la reciente creación de la Superintendencia de Protección de Datos, con sus limitados recursos y que recién va normalizando su actividad, plantea dudas sobre su capacidad para auditar un proyecto de esta magnitud. ¿Cómo se garantizará que los datos recopilados no sean usados para fines distintos a los establecidos? ¿Qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se implementarán para evitar abusos?
La tecnología en sí misma no es el problema; el verdadero desafío es el uso que se le da. El Municipio debe demostrar que tiene bases legales sólidas, protocolos de seguridad efectivos y medidas claras para proteger los derechos de los ciudadanos. La confianza pública dependerá de su capacidad para garantizar que la información personal no sea utilizada de manera indebida ni caiga en manos equivocadas, ahora que el país vive la violencia de los grupos delincuenciales organizados. Además, los sistemas informáticos del Municipio de Quito ya han sido intervenidos por hackers en años anteriores.
La tercera placa puede ser una herramienta útil para la modernización del control vehicular en el pico y placa, pero no debe implementarse a costa de los derechos fundamentales de los quiteños. Es urgente que el Municipio aclare los aspectos técnicos y legales del proyecto, y que garantice la seguridad y privacidad de los datos. Solo así se podrá avanzar hacia una ciudad más ordenada sin sacrificar la libertad y la protección de los ciudadanos.