El aumento de siniestros de tránsito en Quito, especialmente por exceso de velocidad, es una problemática que requiere de atención urgente.
La capital ecuatoriana se ha transformado en un escenario donde las pérdidas materiales, humanas y los lesionados leves y graves son una constante tragedia.
Este alarmante aumento de siniestros de tránsito, que son prevenibles, necesita ser abordado por parte de las autoridades y la ciudadanía con mayor compromiso.
La seguridad vial demanda la mejora de infraestructura, sobre todo en las avenidas Simón Bolívar, Mariscal Sucre (Occidental) y calles de alta siniestralidad.
En lo que va del 2024, el exceso de velocidad ha causado 267 siniestros, 157 lesionados y 39 fallecidos, según las cifras municipales.
Las señales de tránsito y los dispositivos de control de velocidad son insuficientes, y en muchos casos, están en mal estado o son inexistentes.
Mejorar la infraestructura debiera ser un proceso en el que también participe la ciudadanía y entienda la importancia de que un siniestro no es fortuito y es prevenible bajando la velocidad. Esto ya no es negociable.
El control y las sanciones también exigen una revisión técnica: Actualmente el conductor que excede los límites de velocidad fuera del rango moderado tiene prisión de tres días, multa de un salarios básico de 460 dólares y reducción de 10 puntos en la licencia.
Para quienes exceden el límite básico dentro del rango moderado, la multa equivale al 30% de un salario básico unificado (138 dólares).
Veamos si los operativos sancionatorios se traducen en la reducción de siniestros y, sobre todo, de víctimas mortales.
La falta de fiscales especializados en tránsito y la prolongada duración de las investigaciones previas, que superan los 45 días, empeoran el panorama.
La impunidad es real; muchos casos prescriben sin que se haga justicia, dejando a las víctimas y sus familiares en una situación de indefensión.
No es posible que la Ley de Tránsito, no cuente con un reglamento, que establezca acciones prácticas y que de un marco seguro para salir de esta crisis.
Las víctimas de accidentes y sus familias no pueden confiar en un sistema judicial que no garantiza resoluciones rápidas y justas.
La falta de conciencia por parte de los conductores, tanto de transporte particular como público es otro problema transversal.
La cultura de respeto a las normas de tránsito prácticamente ha quedado en el papel o sirve para que los conductores pasen las pruebas de renovación de licencias.
Las campañas de educación vial no logran el impacto necesario para cambiar comportamientos y hábitos mal sanos.
Es imprescindible una educación más efectiva que empiece a temprana edad y que remarque la importancia de la seguridad vial.
Solo con el esfuerzo de autoridades y ciudadanos se podrá revertir esta creciente siniestralidad y garantizar la seguridad en las carreteras quiteñas.
