En Ecuador, un fenómeno alarmante y cruel toma fuerza: el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada (GDO). Este problema pone en riesgo no solo la vida de estos menores, sino el tejido social del país.
¿Cómo llegamos a este punto? La respuesta se encuentra en una combinación de factores. Están la pobreza, la fragmentación familiar y la falta de oportunidades, que hacen de los menores un blanco fácil para las organizaciones delictivas.
Las causas son profundas y complejas y las soluciones no serán fáciles de implementar. Lo que está claro es que el país no puede permitirse ignorar esta realidad. Las autoridades deben redoblar esfuerzos para proteger a los niños y adolescentes que se encuentran en la mira de los GDO.
En un reportaje publicado por este Medio, se informa que el Ministerio del Interior ha identificado 42 circuitos de alto riesgo. En ellos se concentran los mayores peligros para los niños y adolescentes. Si bien las provincias de la Costa, como Guayas y Esmeraldas, lideran esta lista, la Sierra y la Amazonía no están exentas de este problema. Zonas como Chillogallo en Quito ya muestran indicios de este fenómeno, que aún permanece invisibilizado.
Las cifras son escalofriantes. Según estudios, un menor reclutado por un GDO en Ecuador puede llegar a percibir entre 2 000 y 4 000 dólares mensuales. Es una suma tentadora para familias que viven en extrema pobreza. Este tipo de remuneración es una trampa mortal que, aunque alivia temporalmente la necesidad económica, condena a los niños a una vida de violencia y criminalidad.
Pero el problema no se detiene en la Costa. El fenómeno está desplazándose hacia otras regiones del país, lo que significa que la amenaza se expande. Las cartografías sociales y los diálogos con estudiantes y representantes han revelado que los GDO han perfeccionado sus técnicas de reclutamiento. Se adaptan a las nuevas realidades geográficas y sociales del país. El problema ya no es exclusivo de las zonas más empobrecidas del Litoral, también afecta a comunidades en la Sierra y Amazonía, que parecían estar al margen de esta problemática.
Por ahora, la respuesta es desarrollar Centros Cívicos por la Vida y la Paz, con un presupuesto de 26 millones de dólares. Allí se busca proporcionar espacios seguros y protectores para niños y adolescentes en riesgo. Sin embargo, la creación de 12 centros apenas es un paliativo en un país donde más de 12 500 unidades educativas están en riesgo potencial de ser infiltradas por los GDO.
En lugares como Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, la situación es especialmente crítica. Katherine Herrera, experta en seguridad nacional, ha advertido que estas áreas son “bombas de tiempo” donde la minería ilegal y la explotación laboral y sexual de menores se combinan con la presencia de GDO, creando un cóctel explosivo. Los menores no solo son explotados laboralmente, sino que también son entrenados en técnicas de guerra, a veces por disidentes de las FARC, y luego redistribuidos entre los GDO para continuar su labor criminal.
El reclutamiento de menores en Ecuador es una tragedia en desarrollo, que amenaza con despojar a una generación entera de su futuro. Las causas son profundas y complejas y las soluciones no serán fáciles de implementar. Lo que está claro es que el país no puede permitirse ignorar esta realidad. Las autoridades deben redoblar esfuerzos y contar con el apoyo de la comunidad internacional para proteger a los niños y adolescentes que se encuentran en la mira de los GDO.
Cada día que pasa sin una acción contundente es un día en que más niños son arrancados de sus hogares y arrastrados a una vida de criminalidad y violencia. El reclutamiento de menores no solo destruye familias, sino que también siembra las semillas de la inseguridad y el caos en el futuro de Ecuador. Es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde.
