La justicia se reactiva en temas de interés público

Está claro y es sabido que justicia que tarda no es justicia. El país ha experimentado en los últimos días una coincidente aceleración de la justicia.

Pruebas al canto. El caso del 30 S, la sublevación policial que desembocó hace ocho años en un asalto militar al hospital para rescatar al presidente de entonces, hoy toma giros hasta hace pocos meses insospechados.

Más de un centenar de jueces y fiscales son señalados por los abogados de varios uniformados que fueron inculpados o condenados por los lamentables hechos de entonces.

En el país imperó un sistema por el cual -y de forma deliberada, desde el propio discurso presidencial- ‘se metió las manos a la justicia’ y no fue para cambiarla en pro de la celeridad y la independencia, como muchos ingenuamente creían, sino para atarla al poder vertical imperante.

Ahora el 30 S destapa los detalles de la cadena de mando, los familiares de las personas que perdieron la vida esperan reparación y los que se consideran inocentes quieren salir en libertad lo más pronto posible.

Esta activado también el Caso Balda. Un ex legislador que profirió duras expresiones contra el exjefe de Estado fue a Colombia para evitar una sentencia y fue secuestrado allá. Sus captores guardan prisión, pero se trata de hallar a los eventuales autores intelectuales y a los responsables del aparato de seguridad local que pudo haber inspirado el hecho. Ahora el expediente está en marcha.

Junto a la constante acción de la Contraloría, se reactivó también el proceso en contra del ex ministro Iván Espinel. Un proceso que avanza poco a poco tiene que ver con las actividades de Odebrecht. Apenas conocimos la punta del ovillo y queda por desenredar, y en manos de jueces y fiscales, lo que parece ser práctica sistémica en varios países.

Esta reactivación de la justicia, que ejerce sin presiones desde el poder político, será saludable si se actúa con la ley en la mano, con respeto al debido proceso y sin venganza.

Mientras tanto, en varios frentes se activan mecanismos de reparación. Los pedidos de disculpas públicas ya son una práctica ejemplar.

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