A la vista de los hechos pasados y recientes, bien pudiera decirse que, en el Perú, la corrupción no paga. Se trata de uno de los países que enfrentó con seriedad y oportunidad las denuncias derivadas de trama de corrupción de Odebrecht a cambio de la concesión de obras. Las pesquisas han ido al más alto nivel.
En efecto, ayer el expresidente Ollanta Humala recibió una acusación formal: el fiscal del caso pidió 20 años de pena privativa de la libertad por lavado de activos agravado, por hechos referidos a sus campañas electorales del 2006 y del 2011.
Si bien el pedido se realiza luego de cuatro años de investigación fiscal, a partir del escándalo de sobornos entregados por la empresa brasileña, hay que recordar que también están procesados otros exmandatarios. Alejandro Toledo (2001-2006) está prófugo y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), preso. Alan García, cuyo segundo mandato transcurrió entre 2006 y 2011, se quitó la vida al recibir una orden de detención por sus implicaciones, y abrió un debate mundial sobre la responsabilidad de los personajes públicos ante la justicia.
Las pesquisas, iniciadas luego de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, tienen más sustento desde que el exjefe de la firma brasileña en Perú, Jorge Barata, entregó hace pocos días a fiscales de ese país la trazabilidad del dinero que la constructora repartió a cambio de contratos.
La historia de la justicia peruana vigilando al poder no es de ahora. Justamente el predecesor de Toledo, Alberto Fujimori, fue procesado y purga su pena en prisión, pese a su grave condición de salud. Los actos corruptos de Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori, también fueron juzgados.
En nuestro país, el juzgamiento de actos de corrupción relacionados con Odebrecht ha tenido varios tropiezos y, hasta hora, pocos resultados concretos. En estos días se tramita una denuncia según la cual esta y otras empresas habrían financiado gastos electorales.
Ante un panorama que ha generado decepción en el país, la nueva Fiscal General tiene un importante reto.